El número de beneficiarios de la Seguridad Social en España alcanzó un total de 521.891 en los seis primeros meses del año, lo que supone un incremento del 9,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Este es un récord histórico ya que esta serie comenzó a grabarse en 2013. Sin embargo, este incremento se produce en un contexto de preocupaciones y quejas por parte de empresarios y sindicatos, que están a la espera de la propuesta del vicepresidente del Gobierno y de los sindicatos. Ministra de Trabajo Yolanda Díaz.
El Comité Europeo de Derechos Sociales publicó recientemente una resolución en la que afirma que los actuales sistemas de despido, que ofrecen un máximo de 24 meses de salario en caso de despido, no se ajustan a la Carta Social Europea. Esta situación es problemática porque no proporciona una compensación adecuada a los trabajadores y no disuade suficientemente a las empresas de realizar despidos injustificados.
El PSOE y Sumar han acordado revisar el régimen de despidos para adaptarlo a la legislación europea. Sin embargo, esta medida ha provocado división entre los ministros porque va acompañada del reconocimiento de las críticas del comité. Se propone la posibilidad de suprimir el límite de compensación de 24 meses e introducir una compensación adicional en función de las circunstancias del empleado afectado.
Los sindicatos, especialmente UGT, han llevado esta cuestión a Europa, argumentando que las reformas laborales han provocado un aumento significativo de las bajas laborales injustificadas. En el primer semestre de 2021, los despidos aumentaron un 97%, lo que indica que muchas empresas están utilizando estrategias para evitar pagar salarios justos, dejando a los trabajadores sin protecciones.
Aunque algunos empleados se ven obligados a afrontar casos disciplinarios sin derecho a indemnización, muchos de estos casos terminan en conciliación o proceso judicial. Esto se traduce en un bono de compensación de 33 días, lo que resulta costoso para las empresas. De hecho, muchos prefieren justificar su despido por razones objetivas, que son más fáciles de argumentar en la práctica.
Las estadísticas del Ministerio de Seguridad Social confirman esta tendencia: el 54,9% de los ingresos se clasifican como medidas disciplinarias individuales, mientras que sólo el 41,85% se deben a causas objetivas, como razones económicas o técnicas. Es importante señalar que estas cifras se basan en la justificación dada en el momento del alta y no en valoraciones posteriores.
A pesar de la clara mejora en el número de afiliados, los datos sobre despidos y costes también muestran un aumento del ausentismo. Este escenario se ha acentuado tras la reforma laboral, que ha provocado un aumento de los despidos, especialmente entre trabajadores recién contratados o de menor edad.
La discusión sobre el régimen de despidos sigue abierta. Algunos miembros del Gobierno temen que la revisión de estas normas durante las negociaciones genere inseguridad jurídica. Se habla de mantener el límite actual, pero dotar a los jueces de más herramientas para fijar indemnizaciones más elevadas en los casos de despido injustificado.
PSOE y Sumar también prefieren centrarse en acuerdos que aborden la reducción de jornada antes de entrar en el debate sobre las indemnizaciones por despido. La situación actual presenta un panorama complejo que requiere un equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la viabilidad económica de las empresas.
