Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco dictaminó que el expresidente Trump puede mantener bajo su control a la Guardia Nacional de California, al menos de forma temporal, mientras avanza el litigio entablado por el gobernador Gavin Newsom. La decisión permite que las 4 000 tropas desplegadas en Los Ángeles permanezcan bajo mando federal durante los procesos judiciales, anulando por ahora el fallo previo que ordenaba su retorno a las autoridades estatales.
El conflicto se inició el 7 de junio, cuando el exmandatario decidió integrar a la Guardia Nacional bajo control federal y envió a 700 infantes de marina para incrementar la fuerza militar en Los Ángeles, asistiendo a los oficiales federales durante manifestaciones relacionadas con acciones migratorias. Este movimiento de tropas, realizado sin la anuencia del estado, representa la primera ocasión desde 1965 en que se realiza un despliegue tan amplio sin el visto bueno del gobernador.
En una audiencia reciente, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito concluyó que el líder probablemente actuó conforme a la legislación federal, subrayando que las protestas se habían convertido en episodios violentos contra empleados y bienes federales, además de agresiones con piedras y bombas molotov. A pesar de señalar que el presidente necesitaba informar al gobernador, afirmó que la decisión de un tribunal de primera instancia fue demasiado limitativa, pues no existía autoridad para bloquear la medida presidencial.
El dictamen del juez de distrito Charles Breyer, presentado el 12 de junio, establecía que el proceso de federalización era ilegal, señalando que no se habían satisfecho las condiciones legales necesarias y que no había una «rebelión» según lo requerido por la ley. No obstante, la apelación detuvo la ejecución de esa decisión mientras el caso continúa su desarrollo.
El panel del Noveno Circuito —integrado por dos jueces designados por Trump y uno por Biden— enfatizó que la ley otorga amplio margen al presidente en asuntos relacionados con la protección del cumplimiento federal, y que corresponde al tribunal ejercer una revisión “altamente deferente». No obstante, rechazó la tesis de que la decisión presidencial está completamente fuera del alcance judicial.
Mientras la acción legal continúa, California tiene la posibilidad de apelar la decisión ante el pleno del Noveno Circuito o incluso llevar el caso hasta la Suprema Corte. Además, podrían argumentar que el uso militar en apoyo de funciones de la ley federal —posible violación de la ley Posse Comitatus— requiere un análisis adicional en juicio.
En su reacción, el gobernador Newsom declaró que “el presidente no es un rey ni está por encima de la ley” y aseguró que California seguirá luchando en los tribunales para proteger la soberanía estatal y los derechos civiles . A su vez, el expresidente Trump celebró el fallo como una “gran victoria” para la seguridad del país, argumentando que la Guardia Nacional debe poder desplegarse si las autoridades locales no pueden mantener el orden.
A nivel del país, el asunto ha iniciado una discusión extensa sobre la extensión de las facultades presidenciales respecto al uso de la Guardia Nacional, el federalismo y las restricciones del poder judicial. Es la primera ocasión en sesenta años que se vuelve federal la Guardia sin la aprobación de un gobernador, lo que causa inquietud sobre posibles precedentes riesgosos y la disminución de los sistemas de derecho y revisión institucional.
Mientras tanto, en Los Ángeles, la presencia militar sigue vigente, aunque los niveles de protesta han disminuido y el alcalde levantó el toque de queda. Sin embargo, persisten tensiones y cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades civiles y militares, así como el impacto en vigilancia y control social .
La fecha importante será la audiencia siguiente ante el juez Breyer, programada para este viernes. En esta audiencia, podría emitirse una orden preliminar más extensa que establezca con claridad cómo se pueden utilizar las tropas. La resolución del caso tendrá efectos perdurables en la relación entre el gobierno federal y los estados, las competencias presidenciales y el papel de las fuerzas armadas en actividades civiles.
