La reforma de la autonomía regional diferenciada se ha convertido en un dolor de cabeza para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La fuerte oposición de la izquierda va acompañada de críticas de los obispos, que consideran que la ley representa “un peligro mortal” porque podría dividir el país en un norte próspero y un sur marginado. Esta ley, aprobada en junio, sólo permite a las regiones que la soliciten al Estado autonomía en la gestión de hasta 23 áreas, entre ellas salud, educación y cultura.
La ley, impulsada por La Liga, fue aceptada por Meloni para reforzar su poder, aunque no era su preferencia. Esto ha complicado su explicación a votantes con diferente autonomía. Además, su socio de gobierno, Antonio Tajani, líder de Forza Italia, ha mantenido su posición de que la reforma debe incluir condiciones.
Forza Italia ha logrado incluir la adopción de los Niveles de Beneficios Esenciales (LEP), que garantizan estándares mínimos para los servicios públicos en todo el país. El partido afirma que la LEP no debería vincularse a una autonomía regional diferenciada y que su implementación podría reducir importantes disparidades regionales. El presidente de Calabria, Roberto Occhiuto, de Forza Italia, afirma que el 90% de la población del sur está en contra de esta autonomía.
En respuesta, el centroizquierda está promoviendo un referéndum para derogar la ley, para lo que se necesitarían 500.000 firmas. La situación se complica por el rechazo de la Iglesia, que ha expresado su preocupación por la creación de “dos italianos”. Mons. Francesco Savino, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), advirtió del riesgo de un “salvaje oeste” entre las regiones más pobres si se aplica esta reforma.
Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la CEI, también subrayó la importancia de mantener la solidaridad entre las regiones, subrayando que la unidad de la república debe prevalecer sobre las divisiones.
