(CNN Español) — En un nuevo intento del Gobierno de Argentina por contener la inflación, la Secretaría de Comercio lanzó ese 1 de junio otro acuerdo de precios: Precios justos barriales. La iniciativa ofrece una canasta de productos en comercios de proximidad.
El programa propone fijar el valor de una lista de más de 100 artículos de consumo cotidiano, que incluye alimentos, lácteos, bebidas, higiene personal y limpieza. Los precios de la canasta se mantendrán hasta el próximo 15 de julio, con una pauta de renovación del 3,8% prevista para esa fecha.
A diferencia del acuerdo vigente, la reciente medida pretendió acostar la oferta a las góndolas de almacenas barriales y autoservicios. Hasta el momento, Precios justos (a secas) solo contemplaba las grandes cadenas de supermercados.
Se trata de un acuerdo voluntario entre el Estado Nacional y los mayoristas, distribuidores y empresas de consumo masivo. Forman parte de la negociación 30 proveedores y ocho supermercados mayoristas que darán abastecimiento a los comerciantes minoristas. De esta forma, los negocios barriales podrán ofrecer los productos a los consumidores a precios sugeridos y con un ganancia razonable, de acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría.
En Argentina, la inflación es una problemática que no encuentra solución. En abril, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró un incremento de precios del 8,4%, alcanzando 108,8 puntos porcentuales en el último año. En el rubro alimentos, el número es aún más preocupante: sólo en el último mes la suba fue del 10,1%.
Según consignó desde el gobierno, el objetivo de la medida «es reactivar el consumo en almacenes y autoservicios y escortar la brecha de precios existente entre los distintos canales de ventas». Los consumidores podrán encontrar la oferta de productos detallada por localidad en la página de Precios justos barrios y denunciar a los faltantes en el siguiente correo electrónico: preciosjustos@comercio.gob.ar.
En 2022, desde el Ministerio de Economía presentaron este programa que daba continuidad a Precios cuidados, una política pública antiinflacionaria impulsada en 2014 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que tuvo continuidad, en sus diferentes versiones, desde entonces.
