Medellín y el área metropolitana han experimentado cambios significativos en el mercado de alquiler en los últimos años, con una creciente preferencia por alquileres de corta duración frente a alquileres tradicionales.
Entre 2022 y 2023 se ha constatado una escasez en la oferta de estos inmuebles de alquiler turístico, lo que ha provocado un incremento de precios de hasta un 20%. La mayoría de estas viviendas se ubican en el municipio 11 (Laureles-Estadio) y el municipio 14 (El Poblado), con 2.928 y 4.241 viviendas respectivamente destinadas a este tipo de alquiler.
El concejal Alejandro de Bedout, presidente de una comisión que aborda este tema, señaló que este fenómeno ha ejercido una fuerte presión sobre la vivienda tradicional en alquiler, además de generar problemas de convivencia por comportamientos inadecuados de ciertos inquilinos.
A los propietarios les resulta más rentable alquilar sus propiedades por días a través de plataformas digitales, lo que ha reducido la disponibilidad de alquileres a largo plazo y ha dificultado que los residentes locales encuentren viviendas asequibles.
Desde la alcaldía de Medellín se ha aclarado que el objetivo no es demonizar los alquileres turísticos, sino regularlos adecuadamente. Esto incluye la implementación de un Registro Nacional de Turismo, autorización en las reglas de propiedad horizontal y ubicación en áreas permitidas.
Lina Méndez, de la Unidad de Ordenamiento Territorial, enfatizó que el Plan de Ordenamiento Territorial sólo permite viviendas turísticas en zonas de mezcla media y alta, donde se puedan combinar diferentes usos del suelo.
Además, se ha informado de que en los últimos meses se han llevado a cabo más de una veintena de operativos en zonas residenciales para cerrar servicios ilegales de alojamiento turístico.
Federico Estrada, gerente de la Bolsa de Bienes Raíces, enfatizó que los nuevos proyectos enfocados al turismo son una excelente oportunidad de inversión, pero destacó la importancia de realizar estas actividades dentro del marco legal, evitando su implementación en unidades residenciales no autorizadas.
