Colombia avanza en un plan de largo plazo que incorpora los derechos humanos en las políticas públicas, la inversión y la vida diaria, estableciendo metas para 2036 y una ejecución gradual que articula dimensiones sociales, económicas y territoriales. La iniciativa, aún en proceso de consulta, pretende guiar a las instituciones y al sector privado hacia estándares más exigentes de debida diligencia, acceso a servicios y participación de las comunidades.
Propósito y alcance de un plan con horizonte 2036
El Gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro promueve un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos con una vigencia estimada hasta 2036, concebido como un marco integral que pretende consolidarse en referencia esencial para las entidades estatales, el sector empresarial y diversos actores sociales al definir decisiones, distribuir recursos y valorar impactos. Este documento, presentado en un borrador de decreto dividido en diez capítulos y acompañado por un texto técnico de 146 páginas, busca coordinar principios, metas verificables y sistemas de seguimiento que garanticen su continuidad más allá de los ciclos políticos.
Esta iniciativa se concibe como una política de Estado y no únicamente de gobierno. Por ello, plantea instrumentos transversales que alcancen sectores clave —infraestructura, minería, hidrocarburos, salud, educación y tierras— y promueve que los estándares de derechos humanos funcionen como criterios de diseño, operación y control, no como anexos posteriores. La intención es que, durante la década siguiente, el país avance desde declaraciones normativas hacia prácticas verificables, con énfasis en la protección de poblaciones vulnerables y en la prevención de conflictos socioambientales.
Estructura regulatoria y fases de puesta en marcha
El andamiaje propuesto descansa en un decreto que ofrece el marco habilitante y en un plan técnico que desgrana objetivos, líneas de acción e indicadores. La implementación se piensa por fases: una etapa inicial de ajuste y concertación; un periodo de despliegue territorial con pilotos en regiones priorizadas; y un tramo de consolidación con metas intermedias, auditorías y difusión de aprendizajes. De esta forma, se intenta evitar que el plan quede en el papel y, en cambio, se conecte con presupuestos, cronogramas y responsabilidades claras.
Un componente esencial consiste en crear o consolidar espacios de coordinación intersectorial que integren a ministerios, organismos reguladores, entidades de control y actores de la sociedad civil, mientras que, en el ámbito territorial, se plantea articular el plan con los instrumentos ya vigentes —planes de desarrollo, ordenamiento territorial, estrategias de paz total— para evitar duplicidades y garantizar, sobre todo, que las prioridades locales influyan en la distribución de los recursos nacionales.
Disposiciones de derechos humanos aplicadas a iniciativas estratégicas
Uno de los frentes más notorios es la inclusión de cláusulas obligatorias sobre derechos humanos en grandes proyectos de infraestructura, minería y de hidrocarburos. Dichas medidas abarcarían todo el proceso, desde la planeación y el otorgamiento de licencias hasta la contratación, la ejecución y el cierre. La intención es dejar atrás evaluaciones sólo técnicas y avanzar hacia modelos de debida diligencia que integren riesgos sociales y ambientales, incorporen protocolos de consulta y participación informada, ofrezcan mecanismos accesibles de quejas, garanticen una reparación adecuada y presenten reportes públicos de manera periódica.
Para los licenciamientos y las concesiones, el plan plantea requerir matrices de riesgos diferenciales —con enfoque étnico, de género, infancia y discapacidad— junto con planes de mitigación verificables por terceros. En la contratación pública y en las alianzas público-privadas, establece condiciones de cumplimiento asociadas a prácticas laborales dignas, seguridad ocupacional, protección del territorio y cuidado de las fuentes hídricas. Durante las fases de cierre o abandono de proyectos, se resalta la necesidad de restauración ambiental, el impulso a la reconversión económica local y la divulgación transparente de la información.
Territorios, devolución y garantía legal desde una perspectiva de derechos
El acceso, uso y restitución de tierras aparece como otra prioridad. El plan articula metas para acelerar la formalización de la propiedad rural, fortalecer los procesos de restitución y consolidar mecanismos de resolución de disputas que reduzcan la conflictividad y protejan a comunidades campesinas, étnicas y afrodescendientes. La perspectiva de derechos implica garantizar seguridad jurídica, priorizar a víctimas del despojo, y promover modelos productivos sostenibles que equilibren desarrollo económico y cuidado del territorio.
Se prevé también brindar apoyo técnico a iniciativas agroecológicas, ofrecer incentivos que promuevan la conservación y fortalecer la articulación entre el catastro multipropósito y las políticas sociales. La meta es que la política de tierras vaya más allá de la simple expedición de títulos y garantice condiciones efectivas para el arraigo, el impulso productivo y la salvaguarda del entorno natural.
La salud y la educación se consolidan como pilares esenciales para garantizar derechos reales
El plan sitúa a la salud y la educación como el eje central de los derechos habilitantes. En materia de salud, se impulsan objetivos orientados a ampliar la cobertura en todo el territorio, reforzar la atención primaria y establecer rutas específicas para mujeres, niñas y comunidades rurales dispersas. Asimismo, se contempla robustecer los mecanismos de alerta temprana frente a violencias de género y potenciar la atención en salud mental mediante equipos móviles y una coordinación estrecha con los sistemas de justicia y protección social. En el ámbito educativo, la propuesta busca cerrar brechas a través de infraestructura escolar adecuada, programas continuos de capacitación docente, mayor conectividad y contenidos que incorporen la cultura de derechos humanos, la memoria y la participación ciudadana.
La calidad se ubica como eje primordial, con propuestas de evaluaciones orientadas a la equidad, apoyo continuo a escuelas situadas en contextos de alta vulnerabilidad y colaboración con instituciones de educación superior para impulsar investigación aplicada, prácticas profesionales y observatorios regionales que permitan monitorear los avances con total transparencia.
Diligencia debida en los negocios y una regulación sensata
El sector privado desempeña un papel decisivo para asegurar que la ruta propuesta se mantenga sostenible, por lo que el plan promueve la implementación de políticas empresariales en materia de derechos humanos, la realización de procesos de debida diligencia y la elaboración de reportes no financieros acordes con estándares internacionales; para las pymes, se plantea un avance progresivo que considere herramientas de autoevaluación, formación y apoyo técnico, mientras que a las grandes compañías se les prevé contar con sistemas sólidos de gestión de riesgos, mecanismos de supervisión autónoma y un diálogo continuo con las comunidades.
La regulación aspira a volverse más “inteligente”, estableciendo obligaciones claras, ajustándose al alcance y al nivel de riesgo de cada actividad, y orientándose hacia resultados comprobables. Prioriza anticiparse y corregir antes que aplicar sanciones posteriores, aunque mantiene consecuencias firmes ante infracciones graves o reiteradas. Gracias a la interoperabilidad entre plataformas públicas, será posible integrar datos de licencias, inspecciones y reclamos para concentrar la supervisión en los ámbitos donde resulte más urgente.
Enfoque territorial, participación y control social
La estrategia reconoce las diferencias regionales de Colombia y, por ello, sugiere diseñar hojas de ruta para cada territorio con objetivos y recursos claramente definidos, elaboradas a través de procesos participativos que involucren a autoridades locales, organizaciones sociales, pueblos étnicos, mujeres, jóvenes y el sector productivo. La participación va más allá de una simple consulta, ya que se propone integrar consejos ciudadanos, veedurías y observatorios comunitarios con verdadera capacidad de influencia y seguimiento.
Para fortalecer el control social, el plan promueve portales de datos abiertos con información sobre avances, presupuestos ejecutados, indicadores de impacto y cumplimiento de compromisos. Asimismo, impulsa la formación de liderazgos locales en metodologías de monitoreo, resolución de conflictos y concertación, con especial cuidado en la protección de personas defensoras de derechos humanos.
Indicadores, transparencia y rendición de cuentas
La medición del progreso se basará en un conjunto de indicadores que integren resultados, procesos y percepciones, tales como el acceso a servicios esenciales, la reducción de desigualdades en educación y salud, los tiempos de restitución y formalización de tierras, el grado de participación real en iniciativas estratégicas, la disminución de tensiones socioambientales y la eficiencia de los mecanismos de quejas y reparación, mientras que la divulgación periódica de estos indicadores —respaldada por auditorías internas y externas— pretende ofrecer seguridad a la ciudadanía y facilitar los ajustes necesarios en la dirección tomada.
Se contempla también una revisión a mitad del periodo que posibilite redefinir objetivos, modificar estrategias y redistribuir recursos, una instancia intermedia esencial para garantizar que el plan siga siendo pertinente frente a cambios en los contextos económicos, climáticos o sociales.
Articulación con paz total, clima y transición energética
La ruta en derechos humanos dialoga con la política de paz total y con la agenda climática. La prevención de violencias, la sustitución de economías ilícitas, la protección de líderes comunitarios y la garantía de presencia institucional en territorios históricamente marginados son piezas que el plan integra como condiciones para el ejercicio pleno de derechos. En materia ambiental, se proponen herramientas para evaluar impactos acumulativos, proteger ecosistemas estratégicos y asegurar que los pasos hacia la transición energética se realicen con justicia social, empleo digno y participación informada.
Los proyectos de energías renovables, por ejemplo, deberán incorporar evaluaciones de riesgo social, salvaguardas para comunidades y esquemas de beneficios compartidos. El objetivo es que la descarbonización no reproduzca inequidades, sino que se convierta en oportunidad de desarrollo incluyente.
Financiación, capacidades y sostenibilidad en el tiempo
Para que el plan pueda ejecutarse, necesita una arquitectura financiera que articule fondos públicos, cooperación internacional y, cuando corresponda, contribuciones del sector privado bajo reglas transparentes. El documento propone métodos de programación a varios años, criterios para ordenar inversiones y una coordinación alineada con los marcos fiscales de mediano plazo. Al mismo tiempo, prevé reforzar las capacidades del Estado mediante formación técnica, provisión de equipamiento, optimización de sistemas de información y la profesionalización de los equipos presentes en los territorios.
La sostenibilidad también depende de institucionalizar prácticas: manuales, guías, protocolos y convenios que trasciendan gobiernos. La idea es reducir la dependencia de voluntades coyunturales y consolidar una cultura de derechos humanos que se refleje en la gestión cotidiana.
Una política de Estado en construcción abierta
Aunque el plan está en fase de consultas y puede recibir ajustes, su espíritu es claro: construir una política de Estado que convierta los derechos humanos en eje rector de la acción pública y privada durante la próxima década. El proceso de participación —con mesas técnicas, aportes académicos y comentarios de comunidades— será decisivo para legitimar prioridades y asegurar que los instrumentos respondan a realidades locales.
Si logra articular instituciones, empresas y ciudadanía alrededor de metas comunes y verificables, esta hoja de ruta podría marcar un punto de inflexión en la manera en que Colombia planifica, invierte y evalúa su desarrollo. Más que una lista de buenas intenciones, aspira a ser un mecanismo concreto para cerrar brechas, prevenir conflictos y garantizar que el crecimiento vaya de la mano con la dignidad humana.
