En un hecho sin precedentes, el máximo tribunal ha elegido una lista de tres mujeres para cubrir un puesto vacante en el Tribunal Constitucional. Las aspirantes Myriam Carolina Martínez, Lina Marcela Escobar y Lisneider Hinestroza contendrán por la posición que dejará libre la jueza Diana Fajardo, cuyo mandato finaliza el 5 de junio próximo. Ahora, el Senado tendrá la responsabilidad de determinar cuál de ellas ocupará el puesto.
Esta elección representa un hito en el camino hacia la paridad de género en las altas cortes del país, ya que actualmente la Corte Constitucional cuenta con seis hombres y tres mujeres entre sus magistrados. La decisión de conformar una terna femenina responde a las solicitudes de diversas organizaciones civiles y entidades públicas que han abogado por una mayor representación de las mujeres en instancias judiciales de alto nivel.
El perfil de las candidatas
Myriam Carolina Martínez, jurista con estudios avanzados en Derecho de Telecomunicaciones, Comercial y Financiero, y un MBA en Gestión Empresarial, cuenta con una extensa experiencia tanto en el sector público como en el privado. Fungió como directora de la Agencia Nacional de Tierras en el mandato anterior, además de ser guía en la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite y coordinadora de iniciativas de responsabilidad social corporativa en una empresa multinacional de telecomunicaciones. También ha sido profesora universitaria y consultora en varias entidades públicas.
Durante la audiencia pública donde presentó su candidatura, Martínez manifestó su inquietud sobre cómo las decisiones legales pueden afectar los derechos fundamentales de las personas. También subrayó que uno de los desafíos principales del sistema judicial es asegurar que los fallos no sean anulados por acciones de tutela, lo cual podría debilitar la confianza en las entidades judiciales.
Lina Marcela Escobar, por su parte, es doctora en Derecho de la Universidad del País Vasco, con maestrías en Derecho Público y Constitucional. Ha desempeñado roles destacados como magistrada auxiliar del Consejo de Estado y rectora de una universidad privada. También ha trabajado como asesora constitucional en varias entidades públicas y ha desarrollado una sólida carrera académica.
Durante su exposición ante el Tribunal Supremo, Escobar resaltó la relevancia de fomentar opiniones cohesionadas en el Poder Judicial y enfatizó la urgencia de asegurar que la tutela se aplique adecuadamente para salvaguardar derechos esenciales, evitando conflictos con decisiones anteriores de otras cortes superiores. Asimismo, subrayó la importancia de mejorar las vías de comunicación entre las diversas ramas del gobierno.
Por último, Lisneider Hinestroza, abogada afrocolombiana con especialización en Derecho Ambiental y Recursos Naturales, ha dedicado gran parte de su carrera a la docencia y la investigación en temas relacionados con la legislación étnica y los territorios colectivos de comunidades negras. Ha trabajado como docente en universidades nacionales e internacionales, consolidando una trayectoria marcada por su compromiso con la justicia social.
Hinestroza, durante su intervención, resaltó el valor de su formación y experiencia desde una perspectiva inclusiva. «Soy hija de los territorios que algunos llaman periferia. Mi trayectoria profesional me ha permitido comprender las distintas realidades sociales del país y su impacto en el derecho constitucional», afirmó.
Un paso hacia la paridad
La selección de este trío de mujeres supone un importante progreso hacia la equidad de género en las entidades judiciales de la nación. No obstante, el objetivo no es solo asegurar la presencia femenina, sino también reconocer las habilidades y méritos de las postulantes, quienes han demostrado poseer una alta preparación para el puesto.
Las asociaciones civiles han destacado que, aunque hay avances, las mujeres encuentran obstáculos como el «techo de cristal», el cual restringe su acceso a puestos superiores, aún cuando reúnen todos los criterios necesarios. Esta medida representa un avance sólido para el reconocimiento del potencial femenino en el sector judicial y sirve como un modelo para fomentar la igualdad en distintas áreas.
Ahora, el Senado tendrá la tarea de evaluar los méritos de estas tres destacadas abogadas y tomar una decisión que no solo impactará la composición de la Corte Constitucional, sino también el rumbo de la jurisprudencia del país en los próximos años.
