En Costa Rica, la deuda nacional ha alcanzado los ₡29.211.399 millones (aproximadamente $55.269 millones), lo que representa un aumento de ₡449.117 millones desde finales de 2023. Este aumento pone de relieve los desafíos que enfrenta el país, en un contexto donde la deuda global desde entonces se ha cuadruplicado. . En la década de 2000, el 60% de las economías emergentes y en desarrollo enfrentan problemas de sostenibilidad fiscal, y el 80% de la población de América Latina se ve afectada por medidas de austeridad debido a su elevada deuda.
Durante la VIII Conferencia Internacional sobre Flujos Financieros Ilícitos, Daniela Berdeja, de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social (LATINDADD), enfatizó que la deuda actual está en manos de los bonistas, lo que la hace más opaca en términos de negociaciones y condiciones. . Este aumento de la deuda crea una presión fiscal significativa, ya que una gran parte de los ingresos fiscales se destina al pago de intereses, lo que limita el crecimiento económico en la región.
En el caso de Costa Rica, la deuda externa aumentó en ₡664.535 millones, mientras que la deuda interna disminuyó en ₡215.418 millones. Berdeja destacó que el pago de intereses ha supuesto un ajuste presupuestario que ha afectado a sectores vitales como la sanidad y la educación. En Costa Rica, el 46% del presupuesto se gasta en pagos de deuda e intereses.
Un análisis del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional muestra que el país pagará ₡2.451.952 millones sólo en intereses al cierre de 2023, monto casi igual a lo destinado para financiar la educación pública.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, reconoció que el alto costo del servicio de la deuda limita el “gasto social” y que es urgente implementar reformas presupuestarias. Propuso una reestructuración del sistema tributario, incluida una mayor carga fiscal para los más ricos y un enfoque en el desarrollo económico sostenible.
Berdeja también pidió reformas a nivel internacional, incluido el alivio de la deuda, la eliminación de la carga de intereses y el acceso a financiación concesional, para mejorar la situación económica de los países de América Latina.
