El Consejo Nacional Electoral de Colombia se reunió el lunes para evaluar la posibilidad de abrir un referéndum sobre la campaña presidencial 2022 de Gustavo Petro, que supuestamente había excedido los límites de financiamiento autorizados. Este consejo, formado por diez magistrados elegidos por el Congreso, necesita el apoyo de al menos seis magistrados para decidir sobre la investigación.
Dos jueces, uno de ellos de un partido de oposición, declararon que la campaña de Petro podría haber violado los límites de financiación en aproximadamente 1,2 millones de dólares. Los demás jueces revisan este informe antes de votar.
La posible investigación ha dado lugar a un intenso debate político y jurídico. Hay dudas sobre la autoridad del Consejo para investigar al presidente, que goza de jurisdicción especial y debe ser analizada por el Comité de Investigación y Enjuiciamiento de la Cámara de Representantes. Petro ha descrito la investigación como un intento de golpe al estilo colombiano y teme que pueda conducir a un juicio político.
El Consejo de Estado ha aclarado que aunque el presidente tiene inmunidad, el Consejo puede investigar e imponer sanciones económicas. Sin embargo, corresponde al Congreso realizar una investigación más exhaustiva y, si es necesario, destituir al presidente. En los últimos treinta años, ningún presidente colombiano ha sido destituido de su cargo mediante juicio político.
El abogado de Petro, Héctor Carvajal, ha recurrido al Consejo de Estado para defender la inmunidad del presidente y advirtió que si se abre la investigación recurrirá ante el Tribunal Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de las críticas, el Consejo reafirmó su autoridad para investigar las campañas electorales, subrayando que no está en juego la inmunidad presidencial.
