Un nuevo episodio en la discusión sobre la reforma del sistema de salud ha activado las alarmas en varios ámbitos. El Ministerio de Salud se prepara para emitir un decreto que busca avanzar en la aplicación de elementos fundamentales de la reforma sin requerir la aprobación del legislativo. La medida, que algunos han descrito como un “camino alterno legal”, ha provocado inseguridad jurídica, inquietud económica y un aumento en la polémica política.
El decreto en cuestión plantea la creación de la Red Integral e Integrada de Servicios de Salud (RIISS), una figura que ya había sido propuesta dentro del articulado original de la reforma que fue discutida, pero no aprobada en el Congreso. Bajo esta estructura, se reorganizaría la forma en que se contratan y prestan los servicios de salud, trasladando competencias clave a los entes territoriales y transformando el papel de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Aunque el Ejecutivo sostiene que el decreto se ampara en normas ya vigentes y no requiere del trámite legislativo, expertos constitucionalistas y analistas del sector salud han advertido que su contenido va mucho más allá de una simple reglamentación administrativa. Argumentan que el texto introduce cambios estructurales al modelo actual de aseguramiento, lo que, en su opinión, debería ser debatido y aprobado en el Congreso de la República, conforme al principio de separación de poderes.
Uno de los puntos más cuestionados es la falta de transparencia respecto a las fuentes de financiamiento necesarias para asegurar la implementación de la RIISS. La nueva estructura significaría que los fondos del sistema de salud sean administrados de manera directa por las Administradoras de Recursos de Salud (Adres) y por los gobiernos locales, lo que alteraría el flujo habitual de dinero que actualmente circula a través de las EPS. Según estimaciones iniciales, se necesitarían miles de millones de pesos adicionales para activar las nuevas redes, pero hasta este momento, no hay una fuente definida y sostenible que soporte ese gasto.
Al mismo tiempo, diferentes partes involucradas en el sistema de salud —como gobernadores, secretarios de salud de los departamentos y asociaciones de profesionales de la industria— han expresado su inquietud por la próxima implementación de un modelo que no se ha evaluado ni siquiera en una fase piloto. Temen que, sin una planificación correcta, puedan surgir deficiencias en la prestación de servicios, se incrementen las deudas con las clínicas y hospitales, y se agravien los problemas actuales, como los atrasos en los pagos a los proveedores y la congestión en los servicios de atención primaria.
El Ministerio, en su posición, argumenta que el decreto es esencial para impulsar la transformación del sistema y evitar que la oposición política continúe retrasando decisiones apremiantes. Afirma que la implementación será gradual y que se velará por los derechos de los usuarios, asegurando también la continuidad en el servicio médico. No obstante, las garantías sobre el funcionamiento del nuevo modelo siguen siendo limitadas y el texto definitivo del decreto aún no se ha dado a conocer, lo que aumenta la incertidumbre.
Algunos sectores políticos han anunciado que podrían recurrir a mecanismos legales para frenar su entrada en vigencia, argumentando que se trata de un uso indebido del poder reglamentario. Incluso se plantea la posibilidad de que la Corte Constitucional sea llamada a revisar el alcance del decreto, en caso de que se demuestre que sustituye la función legislativa sin el debido debate democrático.
Mientras tanto, los pacientes y los trabajadores del sistema observan con preocupación una reforma que, más allá de sus intenciones, aún no logra despejar dudas sobre su viabilidad técnica, jurídica ni financiera. La discusión de fondo sigue abierta: ¿es legítimo que el Ejecutivo avance en la reforma estructural del sistema de salud por vía administrativa, sin el respaldo del Congreso? ¿O se trata de una respuesta necesaria frente a un sistema que ha sido objeto de críticas profundas por años?
Lo cierto es que, con este decreto, el país se aproxima a un punto de quiebre en la política sanitaria, en medio de un clima de alta polarización institucional y con consecuencias que podrían marcar el rumbo del sistema de salud por los próximos años.
