En Colombia, la Ley de Utilidad Pública, creada para brindar beneficios de liberación anticipada a mujeres encarceladas por delitos menores, como el tráfico de drogas en pequeña escala, ha sido reconocida como un avance hacia la justicia social. No obstante, para muchas de las beneficiarias, salir de prisión no representa una auténtica libertad. Los desafíos económicos, sociales y legales que deben enfrentar al reinsertarse en la sociedad demuestran que la liberación, aunque fundamental, es solo el comienzo de un extenso y difícil camino hacia la reintegración.
La Ley de Utilidad Pública: una oportunidad con restricciones
La Ley de Utilidad Pública: una oportunidad con limitaciones
Aunque la ley supone un progreso al permitir que las beneficiarias obtengan su libertad antes de cumplir toda su sentencia, las restricciones prácticas de este beneficio son claras. Al salir de prisión, estas mujeres se enfrentan a un entorno adverso: la carencia de apoyo gubernamental, la discriminación social, las dificultades para acceder a empleos formales y el estigma relacionado con su historial delictivo.
Si bien la ley representa un avance al permitir que las beneficiarias recuperen su libertad antes de cumplir la totalidad de su condena, las limitaciones prácticas de este beneficio son evidentes. Una vez fuera de prisión, estas mujeres se enfrentan a un panorama hostil: la falta de apoyo estatal, la discriminación social, la dificultad para acceder a empleos formales y el estigma asociado a su pasado delictivo.
Estigma y discriminación: el peso de un pasado judicial
Este estigma impacta no solo sus relaciones personales, sino también su habilidad para ingresar al mercado laboral. La mayoría carece de educación formal y formación técnica, lo que restringe sus oportunidades de empleo. Además, sus antecedentes judiciales complican aún más la posibilidad de conseguir un trabajo formal, empujándolas nuevamente hacia empleos informales o actividades ilícitas como único medio de subsistencia.
Sumado a esto, muchas de estas mujeres son madres y las principales sustentadoras de sus hogares. Su retorno a casa representa una lucha continua para sostener a sus familias, frecuentemente sin recibir el apoyo necesario para cubrir necesidades fundamentales como vivienda, alimentación y educación para sus hijos.
A esto se suma el hecho de que muchas de estas mujeres son madres y principales proveedoras de sus hogares. Su regreso a casa implica una lucha constante para mantener a sus familias, a menudo sin el apoyo necesario para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y educación para sus hijos.
Uno de los problemas principales que enfrentan las beneficiarias de la Ley de Utilidad Pública es la falta de programas efectivos de reintegración. Aunque la ley incluye ciertos beneficios para facilitar su transición, en la realidad, estos son insuficientes o no se encuentran disponibles.
Uno de los principales problemas que enfrentan las beneficiarias de la Ley de Utilidad Pública es la ausencia de programas efectivos de reintegración. Aunque la ley contempla ciertos beneficios para facilitar su transición, en la práctica estos son insuficientes o inexistentes.
Por ejemplo, las mujeres excarceladas rara vez cuentan con acceso a programas de capacitación laboral o educación que les permitan reconstruir su vida en libertad. Tampoco reciben apoyo psicológico para enfrentar el estrés y la ansiedad derivados de su tiempo en prisión y de los desafíos que implica reintegrarse a una sociedad que las rechaza.
La urgencia de un enfoque integral
La Ley de Utilidad Pública, aunque con buenas intenciones, evidencia que la excarcelación no basta para asegurar una auténtica reintegración social. Para que estas mujeres puedan rehacer sus vidas, es imprescindible adoptar un enfoque integral que ataque las causas del problema.
La Ley de Utilidad Pública, aunque bien intencionada, demuestra que la excarcelación no es suficiente para garantizar una verdadera reintegración social. Para que estas mujeres puedan reconstruir sus vidas, es necesario adoptar un enfoque integral que aborde las raíces del problema.
Esto incluye la implementación de políticas públicas que ofrezcan apoyo educativo, psicológico y laboral a las beneficiarias, así como campañas de sensibilización para combatir el estigma y la discriminación. Además, se requiere una mayor coordinación entre las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar que las excarceladas tengan acceso a recursos y oportunidades que les permitan romper con el ciclo de exclusión.
