El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su inconformidad ante la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de sancionar a un alto magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes. La medida del Departamento de Estado, anunciada en el marco de la Conferencia Ministerial para el Avance de la Libertad Religiosa celebrada en Washington, generó reacciones inmediatas en la región, incluyendo una fuerte crítica del mandatario colombiano.
Petro opinó que la penalización es una interferencia en los asuntos internos de Brasil y puso en duda la legitimidad de Washington para juzgar las decisiones judiciales de otras naciones. Para el mandatario, la acción contra de Moraes —quien ha manejado casos judiciales importantes en Brasil, incluyendo algunos contra el exmandatario Jair Bolsonaro— podría establecer un precedente arriesgado para la autonomía judicial en América Latina.
Las repercusiones no se hicieron esperar en el escenario político de Estados Unidos. María Elvira Salazar, representante del estado de Florida, conocida por ser una de las principales críticas del presidente colombiano en el Congreso, contestó decididamente. La congresista afirmó que los comentarios de Petro denotan «tendencias autoritarias» y respaldó la medida del Departamento de Estado, argumentando que esta es en respuesta a presuntas infracciones de derechos esenciales, particularmente en lo que respecta a la libertad de expresión y creencias en Brasil.
De Moraes ha sido una figura central en el contexto político y judicial brasileño, especialmente desde los disturbios en Brasilia ocurridos el 8 de enero de 2023. En su rol como magistrado, ha liderado investigaciones sobre desinformación, ataques a las instituciones democráticas y la responsabilidad penal de figuras políticas implicadas en los hechos. Entre sus detractores se le acusa de extralimitarse en sus funciones; sus defensores, en cambio, lo ven como un garante del orden democrático frente a la amenaza de la ultraderecha.
La controversia pone de manifiesto la polarización política regional y las complejas relaciones entre gobiernos latinoamericanos y la administración estadounidense, en un contexto marcado por tensiones ideológicas. Petro ha insistido en la necesidad de una política internacional basada en el respeto mutuo entre Estados soberanos, y ha calificado la actuación de Washington como “una forma de intervención” que debilita la independencia de los poderes judiciales en los países del sur.
El intercambio entre Petro y Salazar también refleja una disputa más amplia sobre el rumbo de la democracia en América Latina y el papel que Estados Unidos desempeña en ese escenario. Mientras algunos sectores consideran que el país norteamericano debe asumir un rol activo en la defensa de los valores democráticos en la región, otros ven con preocupación lo que interpretan como imposiciones externas que no respetan los marcos constitucionales de cada nación.
En Colombia, la declaración de Petro ha tenido eco entre algunos sectores políticos, especialmente aquellos críticos de la injerencia extranjera. Sin embargo, también ha sido objeto de cuestionamientos por parte de analistas que consideran que el mandatario busca posicionarse como referente regional en asuntos de soberanía, incluso cuando las causas que defiende no siempre tienen consenso en su propio país.
El episodio suma un nuevo capítulo a la ya tensa relación entre algunos gobiernos latinoamericanos y Estados Unidos, en momentos en que el equilibrio entre cooperación y respeto a la autonomía nacional continúa siendo un tema central en la agenda diplomática del hemisferio.
